Declaración del MSP sobre la victoria de HJI

El Movimiento por la Salud de los Pueblos felicita a la Iniciativa de Justicia en Salud (Health Justice Initiative -HJI- en inglés) por su importante victoria. En agosto de 2023, el Tribunal Superior de Pretoria dictaminó que el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica debía proporcionar a la HJI acceso a todos los contratos de COVID-19 que el gobierno sudafricano había firmado con Pfizer, Johnson and Johnson, Serum Institute of India y COVAX.

La victoria de la HJI contribuyó a poner de manifiesto el desequilibrio de poder existente entre los gobiernos, desesperados por proteger la salud de su población, por un lado, y las empresas farmacéuticas y las iniciativas multipartitas como COVAX, por otro. Este desequilibrio de poder llevó a que el gobierno sudafricano se viera intimidado a:

• Firmar acuerdos de confidencialidad, violando así el principio de transparencia y responsabilidad en la contratación pública, especialmente cuando se utilizan fondos públicos; 
• Acordar indemnizar a las empresas por los riesgos asociados al uso de las vacunas, a pesar de que históricamente las empresas han tenido que asumir este riesgo; 
• Liberar grandes pagos por adelantado para las vacunas, a pesar de que los contratos eximen a los productores y distribuidores de vacunas de compartir información fiable sobre los volúmenes y calendarios de entrega de vacunas, lo que dificulta la planificación de la respuesta nacional de salud pública;
• Pagar precios más elevados por las vacunas que algunos países del Norte que disponen de muchos más recursos que Sudáfrica;
• Abstenerse de compartir vacunas con otros países necesitados, a pesar de que el mundo atraviesa una crisis mundial de salud pública que podría mitigarse inmunizando rápidamente al mayor número posible de personas, en particular a los grupos vulnerables;

La victoria de la HJI es importante porque pone al descubierto la especulación a la que se dedicaron las empresas farmacéuticas durante la pandemia. Abusar del dominio del mercado para asegurarse beneficios a costa de salvar vidas es inexcusable e injusto.

Es significativo porque demuestra que las iniciativas multipartitas como COVAX también tienen déficits de transparencia, responsabilidad y eficacia, especialmente cuando entablan negociaciones con poderosas empresas farmacéuticas.

Por último, la victoria de la HJI confirma que los tribunales, los activistas y los funcionarios públicos tienen un papel que desempeñar en la regulación del poder corporativo y en la exigencia de responsabilidades a las empresas, especialmente en situaciones de vida o muerte. En este sentido, es alentador que el gobierno sudafricano se abstuviera de impugnar la sentencia del Tribunal Superior de Pretoria y permitiera que los contratos fueran de dominio público.

El caso demuestra claramente que las medidas voluntarias son insuficientes para garantizar el acceso a la información. El caso también ilustra por qué hay un interés creciente en abordar los determinantes corporativos de la salud, que claramente desempeñaron un papel tan directivo en este asunto.

Las importantes lecciones de este caso judicial deben tenerse en cuenta mientras los países negocian un nuevo Tratado sobre Pandemias en la OMS: durante Covid-19 las medidas voluntarias no consiguieron hacer justicia sanitaria. Como resultado, muchas personas -especialmente en el sur global- murieron y muchas más han quedado luchando contra enfermedades crónicas, afligidas y traumatizadas. Muchos gobiernos del Sur global se han visto obligados a recortar aún más el gasto social debido a las deudas y a la devastación económica de la pandemia, dejándolos mal preparados para futuras emergencias sanitarias.

Un futuro tratado debe hacer del reparto equitativo de los beneficios y de la transparencia un principio no negociable de las normas mundiales de preparación ante una pandemia.