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¡Libertad a las presas políticas mapuche de Puelmapu!

La Argentina se ha construido en territorios de pueblos que han preexistido a la constitución del estado nación. En la Reforma Constitucional de 1994 los pueblos originarios lograron que se reconocieran sus derechos de preexistencia, identidad y territorio comunitario, entre otros. 

Sin embargo las recuperaciones de sus territorios ancestrales son cada vez más criminalizadas a la vez que avanza la defensa de la propiedad de magnates y corporaciones que hacen de su uso fructíferos negocios.

Desde hace siete meses Luciana Jaramillo, Betiana Colhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas están presas por su identidad mapuce, acusadas de un delito que es excarcelable. Estas mujeres, entre las que se encuentra la machi Betiana Colihuan, autoridad espiritual, se hallan en prisión domiciliaria junto a sus hijas e hijos en una situación de violencia racista y patriarcal a la que se suma la vulneración de los derechos de las infancias.

Una nueva apelación para su libertad fue rechazada por el juez Gustavo Villanueva, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén y subrogante del de Bariloche. En esta oportunidad el juez estableció la analogía con la prisión preventiva de los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Neuquén y parte de Río Negro durante la última dictadura cívico-militar. (Tal como se consigna en www.elcohetealaluna.com citó el fallo en el caso de los militares que pidieron prisión domiciliaria por su edad avanzada y problemas de salud (causa “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/delito c/la libertad y otros s/incidente de apelación de 2008”)).

Desde el Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos repudiamos la homologación de nuestros pueblos ancestrales con los genocidas y condenamos la prisión política de las mujeres por su condición de mapuce y de género.

No hay salud de los pueblos sin los saberes y luchas ancestrales y de la gente de la tierra que nos constituyen como nación. Hacemos votos para que las autoridades políticas en uso de sus facultades intervengan para que no se continúen violando los derechos de estas mujeres y sus hijas e hijos.